Argentina suma a la “Estrategia 90-90-90” contra el VIH/SIDA una cuarta meta clave: 90% de los tratamientos a precios asequibles

El Ministro Daniel Gollan y su vice, Federico Kaski, destacaron el rol fundamental de las iniciativas de la sociedad civil para llegar a esta decisión. La Fundación Grupo Efecto Positivo tuvo destacada incidencia al enunciar los términos de la meta agregada en reuniones previas de trabajo conjunto con el Ministerio

Buenos Aires, 3 de septiembre 2015 – Autoridades del Ministerio de Salud argentino declararon el lunes pasado en una reunión convocada para debatir y construir una nueva política estatal sobre VIH/SIDA que la adaptación nacional a la estrategia “90-90-90” promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA para hacer frente a la problemática del VIH/SIDA contará con una meta agregada de 90% de los tratamientos antirretrovirales a precios asequibles. Este añadido pone a nuestro país como ejemplo en materia de garantizar la universalidad del acceso a medicamentos para las personas que lo necesitan sin afectar la sustentabilidad de los programas públicos de provisión gratuita de medicamentos.

La “Estrategia 90-90-90” hace referencia a alcanzar que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, que el 90% de las personas con diagnóstico de VIH reciban tratamiento, y que el 90% de quienes reciben tratamiento tengan supresión viral. Frente a miembros de la sociedad civil, la comunidad científica y de organismos internacionales, el viceministro Federico Kaski puntualizó sobre la cuarta meta agregada por el Estado argentino en la aplicación nacional de la estrategia: “Buscamos que el 90% de los tratamientos sean a precios asequibles, ya sea al precio de referencia de la OPS o del Banco de Precios de UNASUR (…) garantizando que el Estado no quede como rehén de prácticas extorsivas por parte de los proveedores, para garantizar no sólo el acceso sino hacerlo sin poner en riesgo los otros derechos alcanzados”. Como ejemplo señaló la reciente compra de un combinado de drogas esencial para el tratamiento de VIH en su versión genérica a un precio 23 veces inferior al ofrecido por laboratorios en licitación pública.

Lorena Di Giano (Directora Ejecutiva FGEP), Federico Kaski (Vice Ministro de Salud de la Nación), José María Di Bello (Red Mundial Personas con VIH de Cruz Roja), Enio García (Jefe de Gabinete de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud) y Emiliano Martínez (Asistente de Coordinación de FGEP) en reunión conjunta en el Ministerio de Salud.

La Fundación Grupo Efecto Positivo tuvo un rol fundamental en las discusiones previas a la reunión, sugiriendo la adopción de esta meta agregada y otras estrategias como las compras conjuntas, los mecanismos de compras estratégicas a través de la OPS y la utilización de las salvaguardas en salud (ADPIC) incluidas en la legislación nacional de patentes. Estos aportes han sido considerados por las autoridades públicas debido a la legitimidad que FGEP tiene en la materia, gracias a años de trabajo y acciones que apuntan a evitar los monopolios generados por las patentes ilegítimas sobre los medicamentos y los elevadísimos costos que éstas suponen. En palabras del Viceministro Nicolás Kreplak: “Las discusiones con la comunidad organizada han sido palabras que nos han iluminado en la forma de encarar el problema. Es fundamental trabajar en forma conjunta para que se superen integralmente todas las barreras estructurales y simbólicas que impidan el acceso universal a la atención, cuidado y prevención del VIH”.

En esta línea, la máxima autoridad en materia de salud, Ministro Daniel Gollán, declaró en el encuentro que “No concebimos la salud como otra cosa que no sean los derechos humanos. Hoy el 90% de las personas infectadas en África no estarían vivas si no fuera por el acceso a medicamentos genéricos. De eso hablamos cuando hablamos de acceso. Creemos que además de injusto es inmoral que la gente no acceda a precios baratos”.

Desde FGEP celebramos que nuestras autoridades decidan tomar un paso histórico en el perfeccionamiento de la adopción de esta estrategia, defendiendo el derecho universal a la salud y nuestra soberanía sanitaria por sobre los intereses comerciales y garantizando el acceso a tratamientos a quienes los necesitan escuchando las necesidades de la comunidad organizada.