Estrategias de Redlam por el derecho a la salud

RedLAM compartió estrategias y experiencias de trabajo en defensa del derecho a la salud en el Foro Acceso a Medicamentos, Propiedad Intelectual y Bioética en Bogotá

En las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, expertos y estudiantes se unieron a activistas y académicos el pasado 10 de agosto en una jornada que recorrió exhaustivamente la relación entre los derechos comerciales como barrera al derecho a la salud y cuestiones éticas de la profesión médica que influyen en el acceso a medicamentos. El Foro Acceso a Medicamentos, Propiedad Intelectual y Bioética contó entre sus expositores con representantes de la totalidad de las organizaciones que integran la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, así como del director ejecutivo de Misión Salud, Germán Holguín, y de Juliana Rodríguez, funcionaria del Ministerio de Salud de Colombia.

Inicialmente programado para cubrir dos ángulos distintos de la misma problemática, la primera mesa se centró en las experiencias latinoamericanas en cuanto a declaraciones de interés público de medicamentos y acceso a los mismos. Luego de la apertura a cargo del Director Ejecutivo de Ifarma Dr. Francisco Rossi, en la que se recordó que la licencia obligatoria es una herramienta legal de los estados para deshacer monopolios y posibilitar la introducción de versiones genéricas en el mercado de tratamientos que puedan bajar los precios extorsivos y favorecer así el acceso, Javier Llamoza (AIS) repasó el caso del antirretroviral atazanavir en Perú y mencionó que sólo ese medicamento se lleva más de la mitad del presupuesto para antirretrovirales del país debido a su patente. Llamoza remarcó también que el trabajo impulsado por la sociedad civil para declarar el interés público y la licencia obligatoria para atazanavir logró bajar 35% su precio, pero el mismo podría ser todavía mucho más bajo, y hacia allí se concentran ahora los esfuerzos de la sociedad civil en su país.

Por su parte, Luz Marina Umbasia (Ifarma) presentó los casos de trabajo para lograr la emisión de licencia obligatoria en Colombia para imatinib (leucemia), Kaletra (VIH) y los nuevos antivirales de acción directa para la hepatitis C. En el mismo sentido, su argumento fue contundente: “En el caso de Kaletra, la presión por una licencia obligatoria redujo su precio en un 90%. Si fue posible, entonces ¿por qué estamos pagando tanto?”. Umbasia también recordó al público que reclamar por el precio justo para imatinib le costó a Colombia presiones de gobiernos y multinacionales inclusive sobre el proceso de paz.

Para el cierre de la mesa, Pedro Villardi (ABIA) y Lorena Di Giano (FGEP) abordaron distintas perspectivas: Villardi profundizó en la valiosa experiencia pionera en la región de la declaración de licencia obligatoria para el antirretroviral efavirenz en Brasil, que logró bajar enormemente su precio e impactó en negociaciones por otros medicamentos, mientras que Di Giano repasó la importancia de las salvaguardas de salud (que incluyen a las licencias obligatorias) y recordó que las mismas “Son herramientas vitales que limitan los derechos exclusivos de las patentes: debemos defenderlas y luchar contra las barreras del mercado pero también a favor la producción pública y de versiones genéricas”.

Acceso a medicamentos y Derechos Humanos

En la segunda parte del Foro, la mesa hizo foco sobre acceso a tratamientos y derechos humanos. La presentación a cargo de Germán Holguín tuvo declaraciones de fuerte impacto, al expresar que “Las patentes son un mecanismo perverso que causa enfermedad y muerte a millones de personas: deben ser abolidas. Es por esto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abierto la puerta a que las acciones que bloqueen el acceso a medicamentos sean consideradas crímenes de lesa humanidad”. Los siguientes tópicos fueron más específicos pero no menos categóricos: Pedro Villardi volvió al estrado para ilustrar el impacto de la captura corporativa sobre las políticas públicas y declaró que “La arquitectura de la impunidad corporativa es un problema sistémico que precisa una solución sistémica. Debe ser penada”.

Para completar esta segunda ronda, Mayra Vásquez (Ifarma) se concentró en la importancia de la producción local de medicamentos y la independencia sanitaria como obligación de los estados para garantizar el derecho a la salud, Claudia Marcela Vargas analizó aspectos de la judicialización del acceso a medicamentos y las capacidades de absorción de demanda de los estados latinoamericanos, y el profesor Nelson Castañeda del Instituto de Bioética de la Universidad expuso sobre derechos de los pacientes y conflictos de interés en la prescripción médica. En el cierre, Juliana Rodríguez del Ministerio de Salud colombiano puso el acento sobre aquello que unió a todas las presentaciones: “No se puede poner al mismo nivel los índoles comerciales que los derechos a la salud”.